Luego de que la mayoría de Morena en el Senado impulsó la llamada «Ley Antimemes», que contempla penas de hasta cinco años de prisión por el uso o imitación de la identidad gráfica del Gobierno bajo determinadas circunstancias, la organización Artículo 19 advirtió que la reforma podría criminalizar expresiones protegidas por la libertad de expresión.
La organización señaló que las disposiciones aprobadas son ambiguas y carecen de salvaguardas suficientes para garantizar que no se sancionen contenidos satíricos, críticos o informativos.
«La criminalización de la libertad de expresión mediante reformas penales ambiguas y carentes de salvaguardas suficientes no tiene cabida en una sociedad democrática», sostuvo.
Artículo 19 explicó que la reforma prevé penas de prisión cuando el uso o imitación de la identidad gráfica gubernamental esté relacionado con elementos como la escala comercial, el engaño y la intención de cometer un ilícito.
Sin embargo, consideró que la definición del nuevo delito no cumple con los principios de claridad, precisión y taxatividad necesarios en materia penal, lo que, advirtió, puede dar pie a interpretaciones amplias.
La organización alertó que estas disposiciones podrían utilizarse contra periodistas, activistas y otras personas que empleen elementos de la identidad gráfica gubernamental en contenidos satíricos, críticos o informativos.
«Por ello, la falta de claridad en su redacción pone en riesgo expresiones protegidas por la Constitución», señaló.
También advirtió que recurrir al derecho penal puede generar un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión y desalentar la participación en el debate público, incluso entre personas que no sean directamente sancionadas.
Artículo 19 reconoció que la reforma puede perseguir una finalidad legítima, como prevenir fraudes, pero señaló que el Estado debe justificar la necesidad de imponer penas de prisión y demostrar que otros mecanismos no penales son insuficientes.
«Además, la existencia de una finalidad legítima no exime a las y los legisladores de su obligación de formular disposiciones claras y precisas que garanticen la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos», sostuvo.
Por ello, la organización llamó a la Cámara de Diputados a atender las críticas sobre los posibles riesgos de la reforma y a rechazarla en su totalidad.
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Luego de que la mayoría de Morena en el Senado impulsó la llamada «Ley Antimemes», que contempla penas de hasta cinco años de prisión por el uso o imitación de la identidad gráfica del Gobierno bajo determinadas circunstancias, la organización Artículo 19 advirtió que la reforma podría criminalizar expresiones protegidas por la libertad de expresión.
La organización señaló que las disposiciones aprobadas son ambiguas y carecen de salvaguardas suficientes para garantizar que no se sancionen contenidos satíricos, críticos o informativos.
«La criminalización de la libertad de expresión mediante reformas penales ambiguas y carentes de salvaguardas suficientes no tiene cabida en una sociedad democrática», sostuvo.
Artículo 19 explicó que la reforma prevé penas de prisión cuando el uso o imitación de la identidad gráfica gubernamental esté relacionado con elementos como la escala comercial, el engaño y la intención de cometer un ilícito.
Sin embargo, consideró que la definición del nuevo delito no cumple con los principios de claridad, precisión y taxatividad necesarios en materia penal, lo que, advirtió, puede dar pie a interpretaciones amplias.
La organización alertó que estas disposiciones podrían utilizarse contra periodistas, activistas y otras personas que empleen elementos de la identidad gráfica gubernamental en contenidos satíricos, críticos o informativos.
«Por ello, la falta de claridad en su redacción pone en riesgo expresiones protegidas por la Constitución», señaló.
También advirtió que recurrir al derecho penal puede generar un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión y desalentar la participación en el debate público, incluso entre personas que no sean directamente sancionadas.
Artículo 19 reconoció que la reforma puede perseguir una finalidad legítima, como prevenir fraudes, pero señaló que el Estado debe justificar la necesidad de imponer penas de prisión y demostrar que otros mecanismos no penales son insuficientes.
«Además, la existencia de una finalidad legítima no exime a las y los legisladores de su obligación de formular disposiciones claras y precisas que garanticen la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos», sostuvo.
Por ello, la organización llamó a la Cámara de Diputados a atender las críticas sobre los posibles riesgos de la reforma y a rechazarla en su totalidad.
Diario MX
