A partir del próximo año, las ventas de gasolina y diesel cuyo origen no esté debidamente acreditado deberán pagar una cuota del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que no será acreditable, un medida con la que se busca combatir el huachicol fiscal.
De acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos enviada ayer al Congreso, no se trata de una medida recaudatoria tradicional, sino de un mecanismo de fiscalización para verificar la concordancia entre lo que las estaciones de servicio compran formalmente y lo que comercializan.
«Su finalidad consiste en establecer un mecanismo adicional de control respecto de aquellas diferencias que no encuentren soporte documental suficiente y que, por ende, puedan representar un indicio de comercialización de combustibles respecto de los cuales no exista certeza sobre su origen, adquisición o correcta incorporación a la cadena formal de distribución», expone la propuesta.
En caso de aprobarse, la medida entraría en vigor el 1 de julio de 2027, con el fin de contar con un periodo razonable para implementar los ajustes técnicos, operativos y administrativos.
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A partir del próximo año, las ventas de gasolina y diesel cuyo origen no esté debidamente acreditado deberán pagar una cuota del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que no será acreditable, un medida con la que se busca combatir el huachicol fiscal.
De acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos enviada ayer al Congreso, no se trata de una medida recaudatoria tradicional, sino de un mecanismo de fiscalización para verificar la concordancia entre lo que las estaciones de servicio compran formalmente y lo que comercializan.
«Su finalidad consiste en establecer un mecanismo adicional de control respecto de aquellas diferencias que no encuentren soporte documental suficiente y que, por ende, puedan representar un indicio de comercialización de combustibles respecto de los cuales no exista certeza sobre su origen, adquisición o correcta incorporación a la cadena formal de distribución», expone la propuesta.
En caso de aprobarse, la medida entraría en vigor el 1 de julio de 2027, con el fin de contar con un periodo razonable para implementar los ajustes técnicos, operativos y administrativos.
Diario MX
