El secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, negó que personal de la corporación haya sido obligado a desempeñar actividades políticas o distintas a las funciones para las que fue contratado, luego de que un grupo de exempleados presentara una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por presuntas violaciones a sus derechos.
Cuestionado este jueves al término de un evento ajeno al tema, el funcionario aseguró que, hasta el momento, la dependencia no ha recibido una notificación formal por parte del organismo defensor de los derechos humanos, por lo que dijo desconocer el contenido de la denuncia.
“Lo que puedo decir es que en ningún momento hemos hecho nada que obligue al personal a trabajar en cosas que no sean específicamente para lo que fueron contratados, mucho menos para actividades políticas”, afirmó.
Loya Chávez explicó que solicitó información a las áreas internas de la Secretaría sobre los señalamientos difundidos públicamente y, según dijo, le informaron que no existían denuncias presentadas al interior de la dependencia.
“Yo ayer preguntaba ante los órganos internos si había denuncias sobre lo que se estaba denunciando; me dijeron que no. Hasta el día de ayer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no nos ha hecho llegar ningún requerimiento o denuncia para atender. Nosotros estamos esperando específicamente para saber de qué es la denuncia y poderla atender”, declaró.
La política ha sido mejorar las condiciones laborales
El secretario sostuvo que la política de la corporación ha sido mejorar las condiciones laborales de su personal y señaló como ejemplo la regularización de policías que anteriormente laboraban bajo esquemas eventuales.
“Lo que te puedo decir es que en lo más que nos hemos esforzado es en generar las mejores condiciones para nuestro personal. Hace cinco años la mitad del personal operativo era eventual; logramos basificarlo y fue el primer compromiso que hicimos con ellos. No puede haber policías eventuales”, expresó.
Añadió que durante su gestión también fueron incrementados los salarios y homologadas las percepciones del personal de custodia penitenciaria y de la Policía Procesal con las de la Policía Estatal.
Respecto a los despidos denunciados por los exempleados, Loya Chávez reconoció que la Secretaría sí ha dado de baja a trabajadores, aunque evitó relacionar esos movimientos con las acusaciones.
“Sí, efectivamente, también hemos tenido que dar de baja a algunas personas y lo poquito que escuché de las notas es que era algo así, pero no puedo dar una respuesta cuando todavía no conozco la denuncia”, dijo.
Investigación interna dependerá de la queja
Cuestionado sobre la posibilidad de iniciar una investigación interna, respondió que primero deberán conocer formalmente el contenido de la queja presentada ante la CEDH para determinar si corresponde abrir un expediente y qué instancia sería la competente para atenderlo.
“Necesitamos la carpeta para saber en función de qué, porque no ha habido una denuncia interna. Lo único que sabemos es lo que salió en los medios, que para nosotros es un indicador importante, pero necesitamos saber exactamente sobre qué viene para ver si abrimos la carpeta de investigación nosotros, pero eso es en función de la denuncia o requerimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, señaló.
La denuncia
El miércoles 5 de agosto, un grupo de exempleados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acudió a la CEDH para presentar una queja contra la dependencia por presuntas violaciones a sus derechos. Además de solicitar medidas de protección, denunciaron públicamente haber sido víctimas de acoso y hostigamiento laboral, jornadas extraordinarias sin pago y la presunta realización de actividades de carácter político durante aproximadamente un año y medio.
Entre los señalamientos hechos por los denunciantes se encuentran la supuesta obligación de participar en tareas de promoción política, identificar líderes sociales y territoriales, así como presiones relacionadas con afiliaciones partidistas y despidos por exigir el respeto a sus derechos laborales. Hasta el momento, la CEDH no ha informado públicamente sobre el trámite de la queja ni la SSPE ha sido notificada formalmente, de acuerdo con lo expresado por el secretario.
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El secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, negó que personal de la corporación haya sido obligado a desempeñar actividades políticas o distintas a las funciones para las que fue contratado, luego de que un grupo de exempleados presentara una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por presuntas violaciones a sus derechos.
Cuestionado este jueves al término de un evento ajeno al tema, el funcionario aseguró que, hasta el momento, la dependencia no ha recibido una notificación formal por parte del organismo defensor de los derechos humanos, por lo que dijo desconocer el contenido de la denuncia.
“Lo que puedo decir es que en ningún momento hemos hecho nada que obligue al personal a trabajar en cosas que no sean específicamente para lo que fueron contratados, mucho menos para actividades políticas”, afirmó.
Loya Chávez explicó que solicitó información a las áreas internas de la Secretaría sobre los señalamientos difundidos públicamente y, según dijo, le informaron que no existían denuncias presentadas al interior de la dependencia.
“Yo ayer preguntaba ante los órganos internos si había denuncias sobre lo que se estaba denunciando; me dijeron que no. Hasta el día de ayer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no nos ha hecho llegar ningún requerimiento o denuncia para atender. Nosotros estamos esperando específicamente para saber de qué es la denuncia y poderla atender”, declaró.
La política ha sido mejorar las condiciones laborales
El secretario sostuvo que la política de la corporación ha sido mejorar las condiciones laborales de su personal y señaló como ejemplo la regularización de policías que anteriormente laboraban bajo esquemas eventuales.
“Lo que te puedo decir es que en lo más que nos hemos esforzado es en generar las mejores condiciones para nuestro personal. Hace cinco años la mitad del personal operativo era eventual; logramos basificarlo y fue el primer compromiso que hicimos con ellos. No puede haber policías eventuales”, expresó.
Añadió que durante su gestión también fueron incrementados los salarios y homologadas las percepciones del personal de custodia penitenciaria y de la Policía Procesal con las de la Policía Estatal.
Respecto a los despidos denunciados por los exempleados, Loya Chávez reconoció que la Secretaría sí ha dado de baja a trabajadores, aunque evitó relacionar esos movimientos con las acusaciones.
“Sí, efectivamente, también hemos tenido que dar de baja a algunas personas y lo poquito que escuché de las notas es que era algo así, pero no puedo dar una respuesta cuando todavía no conozco la denuncia”, dijo.
Investigación interna dependerá de la queja
Cuestionado sobre la posibilidad de iniciar una investigación interna, respondió que primero deberán conocer formalmente el contenido de la queja presentada ante la CEDH para determinar si corresponde abrir un expediente y qué instancia sería la competente para atenderlo.
“Necesitamos la carpeta para saber en función de qué, porque no ha habido una denuncia interna. Lo único que sabemos es lo que salió en los medios, que para nosotros es un indicador importante, pero necesitamos saber exactamente sobre qué viene para ver si abrimos la carpeta de investigación nosotros, pero eso es en función de la denuncia o requerimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, señaló.
La denuncia
El miércoles 5 de agosto, un grupo de exempleados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acudió a la CEDH para presentar una queja contra la dependencia por presuntas violaciones a sus derechos. Además de solicitar medidas de protección, denunciaron públicamente haber sido víctimas de acoso y hostigamiento laboral, jornadas extraordinarias sin pago y la presunta realización de actividades de carácter político durante aproximadamente un año y medio.
Entre los señalamientos hechos por los denunciantes se encuentran la supuesta obligación de participar en tareas de promoción política, identificar líderes sociales y territoriales, así como presiones relacionadas con afiliaciones partidistas y despidos por exigir el respeto a sus derechos laborales. Hasta el momento, la CEDH no ha informado públicamente sobre el trámite de la queja ni la SSPE ha sido notificada formalmente, de acuerdo con lo expresado por el secretario.
Diario MX
