Un académico senior de la Universidad de Columbia advirtió que la creciente resistencia del Gobierno mexicano a una cooperación genuina y el rechazo sistemático a las extradiciones bajo argumentos de soberanía han provocado un giro drástico en la estrategia de seguridad de Washington.
Ante lo que percibe como una falta de apoyo, Estados Unidos ha comenzado a utilizar el marco legal del terrorismo, clasificando el tráfico de fentanilo como el uso de un “arma química de destrucción masiva” para activar poderes intrusivos derivados de la Ley Patriota.
Según el experto, quien también es director de programas contra la delincuencia organizada, la administración estadounidense está “estirando” el tipo penal de terrorismo al clasificar el tráfico de fentanilo como el uso de un “arma química de destrucción masiva”.
El análisis destaca que esta reclasificación no es meramente retórica, sino que responde al efecto toxicológico devastador de la droga, que ha causado cientos de miles de muertes en territorio estadounidense.
El marco legal del terrorismo
Al aplicar el concepto de terrorismo, se activan mecanismos legales que superan con creces a los utilizados contra la delincuencia organizada tradicional bajo la Ley RICO.
“Se ponen en funcionamiento instrumentos legales mucho más poderosos que los que se le aplican a la delincuencia organizada tradicional”, explicó el académico, señalando que esto permite el uso de la Ley Patriota y técnicas de investigación “mucho más intrusivas”.
Además, las unidades antiterrorismo cuentan con recursos económicos y presupuestarios significativamente mayores que las unidades antimafia convencionales.
El experto, quien posee trayectoria en 124 países, cuestionó el uso del término “cártel” para describir a organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), argumentando que, técnicamente, un cártel es una coordinación económica de precios y producción.
En su lugar, sostiene que estos grupos han cometido actos de “terrorismo de libro de texto” dentro de México para coaccionar al Estado, y los señala técnicamente como organizaciones criminales.
Citó como ejemplos claros el “Culiacanazo”, donde se aplicó violencia generalizada para presionar la liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán, y el “Michoacanazo”, actos diseñados para que el Estado “haga o deje de hacer algo” mediante el miedo.
Una de las advertencias más severas del análisis es la posibilidad de que Estados Unidos aplique el concepto de defensa legítima, similar al utilizado en Afganistán en 2001, si considera que el Estado mexicano no está dispuesto a colaborar.
Esto podría derivar en el envío de fuerzas de operaciones especiales para realizar intervenciones selectivas con operativos encubiertos, ya que no se prevén invasiones masivas, sino “operativos quirúrgicos para eliminar, ya sea políticos que están protegiendo la organización o a los mismos líderes”.
El académico comparó estas posibles acciones con las realizadas en Siria, Sudán, Somalia o Afganistán, donde comandos especiales entran y salen rápidamente para eliminar objetivos específicos.
Critica postura de Sheinbaum
El experto también lanzó una crítica a la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Aseguró que la mandataria incurre en una contradicción legal al invocar la soberanía únicamente cuando las investigaciones estadounidenses tocan a sus aliados políticos, mientras que el Gobierno ha facilitado la entrega de 92 personas desde el inicio de su gestión. El discurso cambia drásticamente cuando se solicita la extradición de figuras vinculadas a su estructura de poder.
“No es una posición viable la que tiene la presidenta. Está obligada a cooperar con un Estado que acusa a una organización que se alberga en territorio mexicano por actos de terrorismo”, sentenció el académico.
Asimismo, calificó como un “disparate jurídico” el hecho de que el Gobierno mexicano exija pruebas contundentes en lugar de información procesal cuando se trata de aliados políticos: “Ella no puede estar pidiendo pruebas cuando se solicita una extradición de un aliado político de ella. No existe”.
Subraya que México, al ser un país soberano que ha ratificado instrumentos internacionales como la Convención de Palermo, la Convención de Mérida contra la corrupción y la de la ONU contra el financiamiento del terrorismo, ha aceptado voluntariamente los límites que estos imponen.
En este sentido, sostiene que la presidenta no puede alegar “injerencia” cuando la tensión promete escalar, ya que el académico reveló tener conocimiento de que se avecinan al menos 15 casos adicionales de alto nivel, similares a las acusaciones recientes en Sinaloa, que involucran a políticos mexicanos.
Para el experto, la única forma de evitar “cortocircuitos de gran envergadura” con la administración de Donald Trump es abandonar la retórica de la soberanía mal entendida y establecer una cooperación genuina a través de equipos de coordinación conjunta entre fiscalías y policías de ambos países, algo que, hasta la fecha, no se ha concretado.
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Un académico senior de la Universidad de Columbia advirtió que la creciente resistencia del Gobierno mexicano a una cooperación genuina y el rechazo sistemático a las extradiciones bajo argumentos de soberanía han provocado un giro drástico en la estrategia de seguridad de Washington.
Ante lo que percibe como una falta de apoyo, Estados Unidos ha comenzado a utilizar el marco legal del terrorismo, clasificando el tráfico de fentanilo como el uso de un “arma química de destrucción masiva” para activar poderes intrusivos derivados de la Ley Patriota.
Según el experto, quien también es director de programas contra la delincuencia organizada, la administración estadounidense está “estirando” el tipo penal de terrorismo al clasificar el tráfico de fentanilo como el uso de un “arma química de destrucción masiva”.
El análisis destaca que esta reclasificación no es meramente retórica, sino que responde al efecto toxicológico devastador de la droga, que ha causado cientos de miles de muertes en territorio estadounidense.
El marco legal del terrorismo
Al aplicar el concepto de terrorismo, se activan mecanismos legales que superan con creces a los utilizados contra la delincuencia organizada tradicional bajo la Ley RICO.
“Se ponen en funcionamiento instrumentos legales mucho más poderosos que los que se le aplican a la delincuencia organizada tradicional”, explicó el académico, señalando que esto permite el uso de la Ley Patriota y técnicas de investigación “mucho más intrusivas”.
Además, las unidades antiterrorismo cuentan con recursos económicos y presupuestarios significativamente mayores que las unidades antimafia convencionales.
El experto, quien posee trayectoria en 124 países, cuestionó el uso del término “cártel” para describir a organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), argumentando que, técnicamente, un cártel es una coordinación económica de precios y producción.
En su lugar, sostiene que estos grupos han cometido actos de “terrorismo de libro de texto” dentro de México para coaccionar al Estado, y los señala técnicamente como organizaciones criminales.
Citó como ejemplos claros el “Culiacanazo”, donde se aplicó violencia generalizada para presionar la liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán, y el “Michoacanazo”, actos diseñados para que el Estado “haga o deje de hacer algo” mediante el miedo.
Una de las advertencias más severas del análisis es la posibilidad de que Estados Unidos aplique el concepto de defensa legítima, similar al utilizado en Afganistán en 2001, si considera que el Estado mexicano no está dispuesto a colaborar.
Esto podría derivar en el envío de fuerzas de operaciones especiales para realizar intervenciones selectivas con operativos encubiertos, ya que no se prevén invasiones masivas, sino “operativos quirúrgicos para eliminar, ya sea políticos que están protegiendo la organización o a los mismos líderes”.
El académico comparó estas posibles acciones con las realizadas en Siria, Sudán, Somalia o Afganistán, donde comandos especiales entran y salen rápidamente para eliminar objetivos específicos.
Critica postura de Sheinbaum
El experto también lanzó una crítica a la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Aseguró que la mandataria incurre en una contradicción legal al invocar la soberanía únicamente cuando las investigaciones estadounidenses tocan a sus aliados políticos, mientras que el Gobierno ha facilitado la entrega de 92 personas desde el inicio de su gestión. El discurso cambia drásticamente cuando se solicita la extradición de figuras vinculadas a su estructura de poder.
“No es una posición viable la que tiene la presidenta. Está obligada a cooperar con un Estado que acusa a una organización que se alberga en territorio mexicano por actos de terrorismo”, sentenció el académico.
Asimismo, calificó como un “disparate jurídico” el hecho de que el Gobierno mexicano exija pruebas contundentes en lugar de información procesal cuando se trata de aliados políticos: “Ella no puede estar pidiendo pruebas cuando se solicita una extradición de un aliado político de ella. No existe”.
Subraya que México, al ser un país soberano que ha ratificado instrumentos internacionales como la Convención de Palermo, la Convención de Mérida contra la corrupción y la de la ONU contra el financiamiento del terrorismo, ha aceptado voluntariamente los límites que estos imponen.
En este sentido, sostiene que la presidenta no puede alegar “injerencia” cuando la tensión promete escalar, ya que el académico reveló tener conocimiento de que se avecinan al menos 15 casos adicionales de alto nivel, similares a las acusaciones recientes en Sinaloa, que involucran a políticos mexicanos.
Para el experto, la única forma de evitar “cortocircuitos de gran envergadura” con la administración de Donald Trump es abandonar la retórica de la soberanía mal entendida y establecer una cooperación genuina a través de equipos de coordinación conjunta entre fiscalías y policías de ambos países, algo que, hasta la fecha, no se ha concretado.
Diario MX
