Cd. de México.- Nunca imaginó Rubén Rocha Moya que pasaría a la historia como personero de uno de los momentos más oprobiosos de la vida política de Sinaloa y México de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
La impronta de narcogobierno quedará atada a su gestión de Gobernador por verse obligado el primero de mayo de 2026 a pedir permiso del cargo (que quizá sea definitivo), a raíz de la solicitud de detención con propósito de extradición del 28 de abril que envió al gobierno mexicano la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a través del Departamento de Estado.
Son requeridos también nueve personajes ligados a su grupo cercano y colaboradores: Enrique Inzunza Cázarez (senador y ex Secretario de Gobierno), Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán), Enrique Díaz Vega (ex Secretario de Administración y finanzas), Gerardo Mérida Sánchez (ex Secretario de Seguridad pública), Dámaso Castro Saavedra (vicefiscal de Sinaloa) y los mandos policiacos Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.
Conozco a Rubén Rocha desde hace medio siglo, militamos juntos en el Partido Comunista Mexicano (PCM) y en un tiempo trabajé con él a mediados de los noventa, cuando fue Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y con el tiempo tuvimos contactos esporádicos que pueden calificarse de lazos amistosos, pero no tuvimos coincidencia política. Incluso trabajamos como asesores del Gobernador Jesús Aguilar Padilla (2005-2010).
Es alguien sin vicios, extrovertido, dicharachero, confianzudo y de buen trato. Por supuesto que no deseo que le vaya mal y no recitaré en este artículo las atrocidades que le imputan y los señalamientos que está recibiendo en los medios y círculos políticos. Me propongo reflexionar sobre su situación a partir del problema del mal radical y la culpa que Kant asocia a la atrofia del juicio que distorsiona el sentido de lo que está bien y mal en un individuo por priorizar el interés personal, una corrupción de la voluntad como pareciera ser el caso suyo. Por ello, me formulo tres preguntas básicas.
¿Quién es Rubén Rocha Moya y cómo llegó a Gobernador de Sinaloa? ¿Por qué cayó en ese precipicio político? ¿Podrá salir de esta crisis?
Nacido en Batequitas, Badiraguato, en 1949, con 76 años en la actualidad, Rocha epitomiza una trayectoria política desde muy abajo de la escala social hasta la mayor responsabilidad política de Sinaloa, producto de una voluntad de poder muy empeñosa y verse favorecido por la fortuna, pues no estamos ante un hombre de proyectos sociales, sino ante un buscador de poder por el poder mismo.
De niño cursó la primaria en la escuela “Justo Sierra”, en Pericos, cerca de su pueblo natal, y de ahí realizó de un tirón secundaria y normal básica en la Normal Rural “Plutarco Elías Calles” (El Quinto), en Sonora, y la preparatoria en la escuela “Cultural México” en Ciudad Obregón.
En sus primeros pasos en política como estudiante y luego como docente fue militante de grupos de izquierda radical antidemocrática; luego, al ingresar a la UAS como profesor y luego director de la preparatoria Guamúchil, en 1973, se identificó con grupos antisindicalistas y seguidores del Rector Arturo Campos Román (1973-1977) asociado a uno de los momentos de mayor corrupción y caos político en esa institución.
En 1977 se incorporó como docente a la Preparatoria Salvador Allende, en Culiacán, y en un proceso de “rectificación” de grupos radicales, se incorporó al Sindicato de Profesores e Investigadores de la UAS (SPIUAS) e ingresó al PCM.
Por su evidente carisma, fue dirigente sindical hasta ocupar la secretaría general, formando desde ahí su propio grupo “tercerista” en las filas del PCM. Fue diputado plurinominal del Partido Socialista Unificado de México (PSUM, originado desde el PCM) de 1983 a 1986. En ese último año, fue candidato a Gobernador por una alianza de izquierda: el PSUM, Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y la Corriente Socialista, obteniendo menos de dos por ciento de los votos.
Entre 1987 y 1989 obtuvo la maestría en educación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Luego, después de deslindarse del PSUM, fue secretario general de la UAS en el rectorado de David Moreno Lizárraga (1989-1993) de la Corriente Socialista; a medio periodo fue destituido por Moreno, regresando con sus antiguos compañeros del PSUM para arribar a la Rectoría de la UAS (1993-1997), donde dejó de militar en algún partido. Durante su gestión, intentó de manera infructuosa encarcelar a Moreno y enfrentó al grupo que lo llevó a la Rectoría para controlar al sindicato universitario e imponer sucesor.
Ya jubilado de la UAS, en 1998, después de generar un fuerte divisionismo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y apoyado por el líder de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, fue por segunda ocasión candidato a Gobernador en alianza con el PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y el Partido del Trabajo (PT), logrando cerca de 20 por ciento de los votos.
Pasado el proceso electoral, cursó en 2000-2004 el doctorado en Ciencias Sociales en la UAS. Desde ese tiempo surgió un “nuevo Rocha”, como él mismo acostumbraba a decir. Trabajó como asesor en gobiernos priistas de Sinaloa: Juan Millán (1999-2004), Jesús Aguilar (2005-2010) y dos años con Quirino Ordaz (2017-2021). También tuvo varios cargos menores en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en la Ciudad de México, tiempo en el que cursó la licenciatura en derecho en la UNAM.
En 2018 llegó a senador por Morena y ya en el cargo se afilió a ese partido. Fue hasta 2021 un senador de fuerte presencia mediática, se mostró como gran parlamentario y orador. En este mismo año, en su tercer intento, ganó la elección a Gobernador. En ese momento, su grupo histórico no era mayor de una docena de amigos de toda la vida.
Hasta antes de la gubernatura, Rocha seguía siendo un hombre austero, recatado personalmente, no hacía alarde de voracidad por hacer dinero que si fue ostensible en Melesio Cuén. Por eso su esposa Socorro le decía que era un “persignado” y Jorge Medina lo apodaba “el padrecito Rocha”. No obstante, era algo egocéntrico; alguien dijo que si Rocha iba a un entierro era capaz de llevar su propio muerto.
La vida fue generosa con él, pues llegó a Gobernador a los 72 años de edad, habían pasado 35 años después de su primer intento y 22 del segundo. En su larga experiencia previa podemos encontrar elementos que nos expliquen por qué terminó como terminó.
En el trayecto al poder hubo dos etapas muy claras en su forma de operar políticamente. Hasta 1999 fue un militante de izquierda y siempre lo caracterizó un estilo pragmático, divisionista, que se conoce como realpolitik. Cuando tenía poder siempre atacaba a sus antiguos aliados, para ejercerlo de manera vertical y lograr mayor poderío. En la segunda etapa, de 2000 a 2021, fue un burócrata disciplinado al poder de Mandatarios priistas y luego senador disciplinado a la nomenklatura de Morena. La simbiosis de ambas experiencias definiría un estilo de gobernar que lo condujo hasta su debacle.
De su paso por la izquierda retomó en la gubernatura su estilo golpeador, pues recién ungido se deshizo de su principal aliado, el ex Rector de la UAS y líder del Partido Sinaloense, que fue su Secretario de Salud, además cooptó a los funcionarios administrativos y electos de ese partido. Acto seguido logró que el Congreso local desaforara a los tres principales Presidentes Municipales que le habían disputado la candidatura de Morena a Gobernador: Luis Guillermo “El Químico” Benítez, de Mazatlán; Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, y Gerardo Vargas Landeros, de Ahome, alterando con ello los arreglos que esos personajes tenían con el “bajo mundo”.
Colonizó al Poder Legislativo y Judicial. Combatió a los medios de comunicación, entró en conflicto con grupos de derechos humanos, feministas, buscadoras de desaparecidos y los partidos de Oposición. Se sintió invencible. Intentó infructuosamente en 2024-2025 destruir políticamente al grupo dominante de la UAS y encarcelar a sus principales autoridades, que gobernaban bajo la égida de Cuén desde 2005. Esta manera de ejercer el poder lo desgastó fuertemente y, ante la rampante violencia e inseguridad del estado, su figura era cada vez menos respetada por la ciudadanía.
De sus enseñanzas en el actuar en las estructuras de poder vertical del priismo y Morena, practicó la férrea disciplina al jefe superior, en su caso a AMLO y luego a Claudia Sheinbaum. Y exigía lo mismo con sus subordinados. Su “pecado original” como Gobernador inició desde su campaña paralela a la de AMLO, quien estaba convencido que para ganar la Presidencia de la República en el tercer intento (también era el tercero de Rocha) necesitaba dinero y se propuso conseguirlo donde lo hubiera, y lo sacó concertando alianzas con grupos no convencionales para financiar a Morena: huachicoleros, cárteles y el gran capital. Rocha fue un alfil de AMLO y, según la información de autoridades estadounidenses y revelaciones de investigaciones periodísticas, fue el operador de su alianza con el Cártel de Sinaloa con todas las consecuencias que de ello emanan: la exigencia de participar en el Gobierno, negocios turbios, tener cobertura policiaca para sus operaciones e impunidad. Bajo la estrategia de “abrazos, no balazos”, la narcopolítica se “naturalizó “en varios estados, Sinaloa entre ellos. Pero tanto va el cántaro al agua, que se rompe.
El jueves 25 de julio de 2024, en la Finca San Julián del fraccionamiento campestre Huertos del Pedregal, en Culiacán, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y agentes de la DEA, secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada y lo llevaron al aeropuerto de Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas, de donde fue remitido para ser juzgado al Distrito Este de Nueva York (Brooklyn). En el lugar del secuestro fue asesinado, entre otros, Héctor Melesio Cuén. La Fiscalía estatal pretendió encubrir el crimen como si hubiese sido un asalto letal, pero pronto, por una carta pública de Zambada, del 10 de agosto de 2024, se supo que fue un “montaje”.
Rocha fue inodado por el capo, que se llamó estafado y reveló que se le citó a esa reunión con el señuelo de que estaría Rocha para tratar el conflicto de la UAS, donde el capo tenía mando bajo la sombra. Tanto Cuén como el Mayo cayeron redonditos en la trampa que les tendieron, quizá con la anuencia de la Presidencia de la República.
Ante el escándalo, Rocha argumentó que había viajado ese día a Estados Unidos, pero nunca lo comprobó fehacientemente. La Fiscalía General de la República atrajo el expediente, sin abrirle carpeta de investigación a Rocha. A partir de ese affaire se desató una guerra sangrienta entre el grupo de “Los Chapitos” y el hijo del Mayo Zambada, intensificándose la violencia en el estado que, de acuerdo a Adrián López Ortiz, director de Noroeste, del 9 de septiembre de 2024 al 4 de mayo de 2026, se refleja en 2 mil 188 homicidios dolosos, 3 mil 821 desapariciones, 10 mil 938 autos robados y 3 mil 531 detenidos.
A medida que la violencia se recrudecía, los medios nacionales e internacionales pusieron el ojo en Rocha; se especulaba con su posible renuncia, pero pudo continuar en el cargo gracias al control corporativo que fue logrando Morena en más de siete años de Gobierno y “engallado” intentó dejar como sucesor a su pariente Enrique Inzunza o a su ahijado Juan de Dios Gámez que están en la lista para ser extraditados.
Los operadores de las alianzas de Morena con el narco gozaron de impunidad hasta que llegó Donald Trump en su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos en enero de 2025 y “mando a parar”*. Declaró a los cárteles como grupos terroristas y a sus aliados como objetivo de la justicia estadounidense. Desde ese momento, la suerte de Rocha estaba echada, tarde o temprano irían tras él, lo que ocurrió el 28 de abril de 2026, que lo obligó a separarse del cargo, al igual que Juan de Dios Gámez, Alcalde de Culiacán.
La Presidenta Claudia Sheinbaum trata hasta hoy el caso como un asunto de Estado. Se ha negado a obsequiar las detenciones solicitadas con propósitos de extradición de Rocha y los nueve señalados, y Morena y el statu quo cierran filas con ellos considerándolos chivos expiatorios del intervencionismo gringo, ensayando un conjunto de argucias legales y políticas que tensarán gravosamente la relación de México con Estados Unidos. Al margen del desenlace que tenga el conflicto, el grupo de Rocha está periclitando aceleradamente en la historia sinaloense y junto al líder, decenas, o quizá cientos de carreras políticas irán al “basurero de la historia” de Sinaloa.
Muchos de sus recientes compañeros de viaje brincan por la borda como las ratas cuando se hunde el barco. En la UAS, Rocha no dejó a su grupo en el poder porque nunca tuvo un proyecto universitario; fue un Rector incrementalista moderado de la estrategia de universidad crítica, pergeñada en los rectorados de Eduardo Franco (1977-1981) y Jorge Medina Viedas (1981-1985). Gobernó con un pragmatismo excesivo, que se apegaba a la normatividad sólo cuando le convenía, pero fue un buen Rector a secas.
Los graves conflictos que provocó los superó por un clima de impunidad que le permitía la autonomía de la UAS y la política de no intervención que tenían los gobiernos priistas frente a la institución, después del gran fracaso que tuvieron en 1966-1973 al intentar ceñirla a sus dictados. Asimismo, esos conflictos fueron subsumidos en un ambiente de mayor pluralidad interna que creaba pesos y contrapesos efectivos. Al salir de Rector quedó proscrito y el rochismo desapareció en la UAS.
Pero esa cultura de golpeteo político la retomó como Mandatario estatal y fue un factor determinante de su ruina. Al asumir la gubernatura en diciembre de 2021 las luces brillaban en su horizonte; por su gran votación de 56.6 por ciento del total (al margen del apoyo recibido del Cártel de Sinaloa), una amplia experiencia política, administrativa, académica e intelectual, pero sobre todo por el abierto apoyo del Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente carecía de un proyecto específico para los grandes retos de Sinaloa, que vivía desde hace más de dos décadas un grave atraso económico.
Simplemente se concretó a “aterrizar la 4T en Sinaloa”, es decir, impulsar los programas sociales y realizar lo poco con lo que quedara de presupuesto. Soslayó que Sinaloa estaba urgido de salir de un atraso económico que no le permitía, por ejemplo, superar los niveles de hace tres décadas de la participación de Sinaloa en el PIB nacional de 2.1 por ciento.
En lugar de un robusto proyecto de Gobierno con vistas a futuro, se abocó a colocar a sus incondicionales, parientes y amigos en el Congreso local, Presidencias Municipales, dependencias gubernamentales, el Poder Judicial, las Policías, al margen de perfiles idóneos. Habilitó a sus hijos, junto con Enrique Inzunza, como los principales operadores y lobistas de la política estatal. Tornó más mediocre de lo que era la gestión pública de Sinaloa. Además, la mayor parte de los sectores productivos de Sinaloa, con excepción del turismo en Mazatlán, resultaron dañados por el clima de inseguridad y violencia que sentó sus reales en la entidad. En este contexto irrumpe la embestida de Trump.
Es probable que en 2027 Morena gane la gubernatura, mayoría en el Congreso y en los principales municipios, pues la Oposición esta diezmada, pero otros grupos y liderazgos del bloque en el poder relevarán irremediablemente al rochismo que quedará con una marca de fracaso y corrupción.
Rocha deja a un Sinaloa peor de como lo recibió. Su infortunio será una delicia para los historiadores tradicionales que gustan de relatos anecdóticos de escándalos y tragedias de los personajes famosos. Pasará a los anales de la historia local como uno de los tres Gobernadores que no terminaron su gestión desde la segunda posguerra, junto a Rodolfo T. Loaiza (1941-1944) y Enrique Pérez Arce (1951-1952). Pero lo más lamentable es que él y Héctor Melesio Cuén, también Rector de la UAS (2005-2009), aparecerán como personajes patéticos, aventureros, que persiguieron el poder a toda costa y mostraron que estaba envenenada la placenta política de una UAS aparentemente democrática de donde emergieron. Dejan tras de sí, una estela de oprobio.
Su presunta conversión en socio del Cártel de Sinaloa patentiza una descomposición moral, en un contexto descivilizatorio de Sinaloa que, de acuerdo a Norbert Elías, ocurre cuando los mecanismos institucionales del control social se quebrantan y la psicología de autocontrol personal se rompe. Por ello, individuos como Rocha terminan rompiendo límites morales, porque se sienten impunes y naturalizan realizar actos de maldad. Hemos visto aquí, que su experiencia como político universitario fue un condicionante de su metamorfosis, de luchador de izquierda a narcopolítico a las órdenes de AMLO.
Los ensayos académicos que en el futuro se publiquen sobre este tiempo sinaloense, tendrán como palabras clave algunas de éstas: México, Sinaloa, Morena, UAS, cárteles, capos, narcopolítica, corrupción, nepotismo, impunidad, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, trumpismo, y otras similares.
DINAMISMO FRENADO
La Administración del hoy Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, sumió a Sinaloa en una crisis de violencia que ha impactado prácticamente todos los rubros de la economía local.
En los últimos años, el estado ha registrado caídas en materia de inversión y empleo, ha sufrido el cierre de empresas y hoy se encuentra en la mira de calificadoras, lo que podría endurecer las condiciones de crédito.
En 2021, cuando el morenista llegó al Gobierno local, Sinaloa registraba 556 homicidios dolosos, pero en los siguientes años, la cifra aumentó sistemáticamente hasta llegar a mil 355 en 2025, es decir, 3.7 diarios, un incremento de más de 143 por ciento.
Los secuestros se dispararon 120 por ciento en el mismo periodo, los robos en más del 54 por ciento y las extorsiones en más del 70 por ciento.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra alcanzada por el Gobierno de Rocha Moya en homicidios dolosos es la más alta registrada en la entidad en la última década.
Además, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el inicio de su Administración, el 1 de noviembre de 2021, hasta el día que pidió licencia al cargo, el 1 de mayo pasado, en el estado se registraron 2 mil 467 desapariciones, un promedio de 1.5 diarias.
La crisis de violencia que padece la entidad la ha llevado a registrar descensos en prácticamente todos sus indicadores económicos.
En 2019, con un 2.3 por ciento, el Inegi ubicó a Sinaloa entre los estados que reportaban el mayor crecimiento económico, junto con entidades como Tlaxcala, Colima, Baja California, Durango y Nuevo León.
Según el Instituto, el crecimiento del PIB local ese año fue incluso superior a la media nacional, de apenas 0.1 por ciento.
Luego de que en 2020, el PIB de Sinaloa tuvo una caída del 7 por ciento, los siguientes tres años fueron de recuperación, pero a partir de 2023, el crecimiento de la entidades comenzó a presentar dificultades.
Ese año, el crecimiento local fue de apenas 0.2 por ciento, para el siguiente año cayó 0.5 por ciento y para el tercer trimestre de 2025 volvió a contraerse 0.5 por ciento.
Aunque al cierre de 2025, el estado registró un crecimiento de 12.3 por ciento, especialistas advierten que esta cifra se debe a que la economía sinaloense tiene un marcado comportamiento estacional, de ahí que la cifra podría ser una ilusión.
En materia de empleo, en los primeros tres años de la Administración de Rocha Moya se incrementaron las plazas laborales, al pasar de 586 mil a 607 mil empleos registrados ante el IMSS entre 2021 y 2023. Pero desde ese momento y hasta marzo de 2026, la entidad había perdido 12 mil 699 empleos formales, resultado del impacto de la violencia y la inseguridad en diversos sectores de la entidad.
El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) indica que, en 2025, 14 de los 18 municipios del estado registraron un desplome en la generación de empleos, entre ellos Culiacán, Badiraguato, Sinaloa, Navolato, Mazatlán y Guasave. Y es que según fuentes oficiales, entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025, en la entidad se han perdido más de 2 mil empresas, como consecuencia del comportamiento negativo en todas las actividades económicas de la entidad, principalmente el sector comercio y servicios.
De acuerdo con el Codesin, en el periodo mencionado, la entidad perdió 2 mil 324 patrones, de ellos, mil 676, es decir, más del 72 por ciento, pertenecían a este sector. En cerca del 75 por ciento de los casos, se trataba de microempresas, 23.6 por ciento eran pequeñas empresas y el 2 por ciento medianas empresas, mientras que sólo el 0.4 por ciento eran grandes empresas.
La situación de Sinaloa también ha impactado negativamente la Inversión Extranjera Directa (IED), que a partir de 2022 presenta una caída sostenida. Datos de la Secretaría de Economía indican que la IED para Sinaloa ascendió a cerca de 977 millones de dólares en 2022 y para el año siguiente cayó a 415.5 millones de dólares, lo que implicó una reducción de 52 por ciento.
En 2024, volvió a descender en un 24 por ciento, para colocarse en 316 millones de dólares, pero para 2025, la cifra fue de sólo 20.8 millones de dólares, equivalente a una caída de 93.4 por ciento.
En Sinaloa lo que sí ha crecido es la deuda del Gobierno local, que pasó de 4 mil 631 millones de pesos en 2021 a 7 mil 546 millones en 2025, a esa cifra se suman los 593 millones de pesos que adeudan los municipios del estado y los 94 millones que adeudan los organismos municipales.
En las últimas semanas, luego de que Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya y nueve funcionarios más por narcotráfico y conspiración con el Cártel de Sinaloa, dos calificadoras han encendido las alertas sobre las finanzas del estado.
La calificadora S&P Global Ratings colocó la calificación crediticia del estado en Revisión Especial negativa, con lo que abrió la puerta a una posible baja en su nota en el corto plazo. Moody’s´s también modificó la perspectiva crediticia del estado de estable a negativa, al considerar que existe un incremento en el riesgo de acceso a fuentes de financiamiento, particularmente financiamiento bancario de corto plazo.
“El cambio de la perspectiva a negativa desde estable en la calificación de Sinaloa refleja la evaluación de Moody’s Local México sobre un incremento en el riesgo de acceso a fuentes de financiamiento -en particular, crédito bancario de corto plazo- tras la revelación pública de una acusación formal presentada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos (Distrito Sur de Nueva York) contra diversos funcionarios del estado, entre los que se menciona al Gobernador con licencia por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas”, explicó en un comunicado.
AL ALZA, LOS DELITOS
Las investigaciones federales por delitos cometidos por servidores públicos en Sinaloa mantienen una tendencia al alza en los últimos años, en medio de la crisis de violencia, disputas criminales y presión política que enfrenta la entidad.
Datos del reporte de incidencia delictiva federal de la Fiscalía General de la República (FGR) muestran que las carpetas relacionadas con funcionarios pasaron de 36 casos en 2023 a 52 en 2024 y posteriormente a 69 investigaciones durante 2025.
La comparación refleja un aumento de 91.7 por ciento entre 2023 y 2025. El incremento ocurre en paralelo al deterioro de seguridad en Sinaloa, marcado por la confrontación interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, el reforzamiento de operativos federales y las tensiones políticas generadas por señalamientos e investigaciones relacionadas con mandos y funcionarios de seguridad.
Sólo entre enero y marzo de 2026, la entidad acumuló 19 carpetas federales por delitos cometidos por servidores públicos. Aunque el volumen aún se mantiene por debajo del total anual de 2025, el ritmo diario de investigaciones muestra una ligera alza.
Mientras en 2025 Sinaloa promedió 0.18 carpetas diarias en ese rubro, durante el primer trimestre de 2026 el promedio subió a 0.21 casos diarios. Eso representa un incremento de 11.7 por ciento en el ritmo diario de apertura de investigaciones contra funcionarios.
El comportamiento forma parte de un aumento más amplio en algunos delitos federales estratégicos en Sinaloa. Por ejemplo, las investigaciones relacionadas con armas de fuego y explosivos crecieron de 304 casos en 2023 a 550 en 2024 y posteriormente se dispararon a mil 916 carpetas durante 2025.
En delitos contra la salud, Sinaloa pasó de 612 carpetas en 2023 a 684 en 2024 y 758 en 2025, mientras que sólo entre enero y marzo de 2026 ya acumula 198 investigaciones federales. Ese arranque equivale a un ritmo de 66 carpetas por mes, por encima del promedio mensual de 63 registrado durante 2025, lo que apunta a un repunte sostenido en casos vinculados con narcóticos.
El incremento también se observa al proyectar el primer trimestre de 2026: de mantenerse esa tendencia, el año podría cerrar con alrededor de 790 a 800 carpetas por delitos contra la salud, superando el nivel de 758 registrado en todo 2025.
Este comportamiento, aseguran fuentes, está ligado a operativos federales, aseguramientos, destrucción de laboratorios y detenciones, en un contexto de mayor presión sobre Sinaloa por el tráfico de drogas sintéticas.
Así, el alza en narcóticos se suma al aumento en delitos cometidos por servidores públicos y refuerza el diagnóstico de un deterioro en el frente federal. No sólo crece la violencia, también se incrementan las investigaciones por actividades ligadas al negocio de las drogas, en una entidad que sigue siendo clave para la producción y trasiego.
En delitos contra la integridad corporal, la entidad pasó de 30 investigaciones en 2023 a 35 en 2024 y posteriormente a 63 casos en 2025. Sólo entre enero y marzo de 2026 ya acumulaba 30 carpetas federales en ese rubro.
También los delitos patrimoniales federales mostraron presión sostenida al pasar de 288 casos en 2023 a 289 en 2024 y posteriormente a 347 investigaciones en 2025. Entre enero y marzo de este año la entidad acumulaba ya 83 carpetas.
QUITÓ ‘OBSTÁCULOS’ A SUS ALFILES
Desde que llegó a la gubernatura de Sinaloa, en el 2021, Rubén Rocha Moya se dedicó a construir las candidaturas de sus posibles sucesores: el senador Enrique Inzunza y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Ambos también están acusados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
No importó cuánto costara quitar los obstáculos. Los propios morenistas lo acusan de fabricarles delitos e incluso cuestionan si está detrás de algunos asesinatos de políticos.
El 25 de julio del 2024, en circunstancias sospechosas, asesinaron a Héctor Melesio Cuén Ojeda, el principal adversario político de Rocha. Justo el mismo día, el hijo de “El Chapo”, Joaquín Guzmán López, secuestraba a Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada. A partir de entonces, no sólo la violencia se intensificó, también el ataque contra políticos rivales de Rocha Moya.
Sus baterías se enfocaron a Gerardo Vargas Landeros, Alcalde de Ahome, cuya aspiración al 2027 crecía cada vez más.
El 25 de abril del 2025, la Fiscalía de Sinaloa pidió al Congreso local desaforarlo ante la acusación de presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la ahora Gobernadora suplente, Yeraldine Bonilla, tramitó la petición, y, en un proceso exprés, que duró seis días, fue desaforado.
“Este proceso no tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con el miedo, miedo al liderazgo que ha crecido desde abajo, con la fuerza del pueblo”, afirmó el Edil refiriéndose al grupo del Gobernador.
Esa distracción orilló a que la Secretaría de Gobernación enviara a uno de sus funcionarios, esa misma semana, para “aplacarlo”, y recordarle que la entidad se le “desmoronaba” en manos del crimen. Empoderado, el Mandatario estatal mantuvo su enfrentamiento con liderazgos morenistas.
El proceso contra Vargas Landeros no se ha cerrado, por lo que sigue inmovilizado políticamente. Apenas en marzo, la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso con el que buscaba volver a la Alcaldía.
Rocha Moya utilizó la misma estrategia con otros Presidentes Municipales para quitarlos del camino, acusarlos de “desempeño irregular de la función pública”.
En junio del 2022, el Mandatario estatal logró el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, quien en el 2021 fue reelecto. Se le acusó de anomalías en el arrendamiento de 40 camiones para recolectar basura. La imputación tampoco procedió, el morenista se fue al PT y acusó a Rocha de “persecución política”. Casualmente, su lugar fue ocupado por el “ahijado” y alfil del Gobernador, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien en el 2024 fue reelecto.
A finales del 2022, aplicó lo mismo con Juan Guillermo Benítez Torres, conocido como “El Químico”, entonces Alcalde de Mazatlán, quien, en entrevista con REFORMA, acusa que fue presionado por el Gobernador para que renunciara al cargo, ante acusaciones de violencia de género y desvío de recursos.
“El Gobernador me dijo: ‘mira, Químico, si no firmas tu renuncia, ya sabes lo que te puede pasar. Tú sabes de dónde soy (Badiraguato, tierra del Chapo). Yo lo entendí muy bien, renuncié”, relata.
Aceptó el ofrecimiento de encabezar la Secretaría de Turismo, cargo en el que estuvo unos meses, pues, como temía, el Mandatario estatal le tenía preparada otra trampa: su desafuero por presuntas irregularidades en la compra de luminarias, por 400 millones de pesos, por lo que le pidió la renuncia.
Tampoco procedió la acusación. Se retiró de la escena pública. Se mantuvo en Morena, enfocado en sus negocios, y, asegura, creó una estructura de morenistas paralela a la red gubernamental.
En Turismo, el Gobernador nombró a Estrella Palacios Domínguez, a quien después la impulsó para ser Alcaldesa de Mazatlán, y, ahora, aseguran morenistas, es la tercera opción de Rocha para que compita por la gubernatura.
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Cd. de México.- Nunca imaginó Rubén Rocha Moya que pasaría a la historia como personero de uno de los momentos más oprobiosos de la vida política de Sinaloa y México de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
La impronta de narcogobierno quedará atada a su gestión de Gobernador por verse obligado el primero de mayo de 2026 a pedir permiso del cargo (que quizá sea definitivo), a raíz de la solicitud de detención con propósito de extradición del 28 de abril que envió al gobierno mexicano la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a través del Departamento de Estado.
Son requeridos también nueve personajes ligados a su grupo cercano y colaboradores: Enrique Inzunza Cázarez (senador y ex Secretario de Gobierno), Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán), Enrique Díaz Vega (ex Secretario de Administración y finanzas), Gerardo Mérida Sánchez (ex Secretario de Seguridad pública), Dámaso Castro Saavedra (vicefiscal de Sinaloa) y los mandos policiacos Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.
Conozco a Rubén Rocha desde hace medio siglo, militamos juntos en el Partido Comunista Mexicano (PCM) y en un tiempo trabajé con él a mediados de los noventa, cuando fue Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y con el tiempo tuvimos contactos esporádicos que pueden calificarse de lazos amistosos, pero no tuvimos coincidencia política. Incluso trabajamos como asesores del Gobernador Jesús Aguilar Padilla (2005-2010).
Es alguien sin vicios, extrovertido, dicharachero, confianzudo y de buen trato. Por supuesto que no deseo que le vaya mal y no recitaré en este artículo las atrocidades que le imputan y los señalamientos que está recibiendo en los medios y círculos políticos. Me propongo reflexionar sobre su situación a partir del problema del mal radical y la culpa que Kant asocia a la atrofia del juicio que distorsiona el sentido de lo que está bien y mal en un individuo por priorizar el interés personal, una corrupción de la voluntad como pareciera ser el caso suyo. Por ello, me formulo tres preguntas básicas.
¿Quién es Rubén Rocha Moya y cómo llegó a Gobernador de Sinaloa? ¿Por qué cayó en ese precipicio político? ¿Podrá salir de esta crisis?
Nacido en Batequitas, Badiraguato, en 1949, con 76 años en la actualidad, Rocha epitomiza una trayectoria política desde muy abajo de la escala social hasta la mayor responsabilidad política de Sinaloa, producto de una voluntad de poder muy empeñosa y verse favorecido por la fortuna, pues no estamos ante un hombre de proyectos sociales, sino ante un buscador de poder por el poder mismo.
De niño cursó la primaria en la escuela “Justo Sierra”, en Pericos, cerca de su pueblo natal, y de ahí realizó de un tirón secundaria y normal básica en la Normal Rural “Plutarco Elías Calles” (El Quinto), en Sonora, y la preparatoria en la escuela “Cultural México” en Ciudad Obregón.
En sus primeros pasos en política como estudiante y luego como docente fue militante de grupos de izquierda radical antidemocrática; luego, al ingresar a la UAS como profesor y luego director de la preparatoria Guamúchil, en 1973, se identificó con grupos antisindicalistas y seguidores del Rector Arturo Campos Román (1973-1977) asociado a uno de los momentos de mayor corrupción y caos político en esa institución.
En 1977 se incorporó como docente a la Preparatoria Salvador Allende, en Culiacán, y en un proceso de “rectificación” de grupos radicales, se incorporó al Sindicato de Profesores e Investigadores de la UAS (SPIUAS) e ingresó al PCM.
Por su evidente carisma, fue dirigente sindical hasta ocupar la secretaría general, formando desde ahí su propio grupo “tercerista” en las filas del PCM. Fue diputado plurinominal del Partido Socialista Unificado de México (PSUM, originado desde el PCM) de 1983 a 1986. En ese último año, fue candidato a Gobernador por una alianza de izquierda: el PSUM, Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y la Corriente Socialista, obteniendo menos de dos por ciento de los votos.
Entre 1987 y 1989 obtuvo la maestría en educación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Luego, después de deslindarse del PSUM, fue secretario general de la UAS en el rectorado de David Moreno Lizárraga (1989-1993) de la Corriente Socialista; a medio periodo fue destituido por Moreno, regresando con sus antiguos compañeros del PSUM para arribar a la Rectoría de la UAS (1993-1997), donde dejó de militar en algún partido. Durante su gestión, intentó de manera infructuosa encarcelar a Moreno y enfrentó al grupo que lo llevó a la Rectoría para controlar al sindicato universitario e imponer sucesor.
Ya jubilado de la UAS, en 1998, después de generar un fuerte divisionismo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y apoyado por el líder de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, fue por segunda ocasión candidato a Gobernador en alianza con el PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y el Partido del Trabajo (PT), logrando cerca de 20 por ciento de los votos.
Pasado el proceso electoral, cursó en 2000-2004 el doctorado en Ciencias Sociales en la UAS. Desde ese tiempo surgió un “nuevo Rocha”, como él mismo acostumbraba a decir. Trabajó como asesor en gobiernos priistas de Sinaloa: Juan Millán (1999-2004), Jesús Aguilar (2005-2010) y dos años con Quirino Ordaz (2017-2021). También tuvo varios cargos menores en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en la Ciudad de México, tiempo en el que cursó la licenciatura en derecho en la UNAM.
En 2018 llegó a senador por Morena y ya en el cargo se afilió a ese partido. Fue hasta 2021 un senador de fuerte presencia mediática, se mostró como gran parlamentario y orador. En este mismo año, en su tercer intento, ganó la elección a Gobernador. En ese momento, su grupo histórico no era mayor de una docena de amigos de toda la vida.
Hasta antes de la gubernatura, Rocha seguía siendo un hombre austero, recatado personalmente, no hacía alarde de voracidad por hacer dinero que si fue ostensible en Melesio Cuén. Por eso su esposa Socorro le decía que era un “persignado” y Jorge Medina lo apodaba “el padrecito Rocha”. No obstante, era algo egocéntrico; alguien dijo que si Rocha iba a un entierro era capaz de llevar su propio muerto.
La vida fue generosa con él, pues llegó a Gobernador a los 72 años de edad, habían pasado 35 años después de su primer intento y 22 del segundo. En su larga experiencia previa podemos encontrar elementos que nos expliquen por qué terminó como terminó.
En el trayecto al poder hubo dos etapas muy claras en su forma de operar políticamente. Hasta 1999 fue un militante de izquierda y siempre lo caracterizó un estilo pragmático, divisionista, que se conoce como realpolitik. Cuando tenía poder siempre atacaba a sus antiguos aliados, para ejercerlo de manera vertical y lograr mayor poderío. En la segunda etapa, de 2000 a 2021, fue un burócrata disciplinado al poder de Mandatarios priistas y luego senador disciplinado a la nomenklatura de Morena. La simbiosis de ambas experiencias definiría un estilo de gobernar que lo condujo hasta su debacle.
De su paso por la izquierda retomó en la gubernatura su estilo golpeador, pues recién ungido se deshizo de su principal aliado, el ex Rector de la UAS y líder del Partido Sinaloense, que fue su Secretario de Salud, además cooptó a los funcionarios administrativos y electos de ese partido. Acto seguido logró que el Congreso local desaforara a los tres principales Presidentes Municipales que le habían disputado la candidatura de Morena a Gobernador: Luis Guillermo “El Químico” Benítez, de Mazatlán; Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, y Gerardo Vargas Landeros, de Ahome, alterando con ello los arreglos que esos personajes tenían con el “bajo mundo”.
Colonizó al Poder Legislativo y Judicial. Combatió a los medios de comunicación, entró en conflicto con grupos de derechos humanos, feministas, buscadoras de desaparecidos y los partidos de Oposición. Se sintió invencible. Intentó infructuosamente en 2024-2025 destruir políticamente al grupo dominante de la UAS y encarcelar a sus principales autoridades, que gobernaban bajo la égida de Cuén desde 2005. Esta manera de ejercer el poder lo desgastó fuertemente y, ante la rampante violencia e inseguridad del estado, su figura era cada vez menos respetada por la ciudadanía.
De sus enseñanzas en el actuar en las estructuras de poder vertical del priismo y Morena, practicó la férrea disciplina al jefe superior, en su caso a AMLO y luego a Claudia Sheinbaum. Y exigía lo mismo con sus subordinados. Su “pecado original” como Gobernador inició desde su campaña paralela a la de AMLO, quien estaba convencido que para ganar la Presidencia de la República en el tercer intento (también era el tercero de Rocha) necesitaba dinero y se propuso conseguirlo donde lo hubiera, y lo sacó concertando alianzas con grupos no convencionales para financiar a Morena: huachicoleros, cárteles y el gran capital. Rocha fue un alfil de AMLO y, según la información de autoridades estadounidenses y revelaciones de investigaciones periodísticas, fue el operador de su alianza con el Cártel de Sinaloa con todas las consecuencias que de ello emanan: la exigencia de participar en el Gobierno, negocios turbios, tener cobertura policiaca para sus operaciones e impunidad. Bajo la estrategia de “abrazos, no balazos”, la narcopolítica se “naturalizó “en varios estados, Sinaloa entre ellos. Pero tanto va el cántaro al agua, que se rompe.
El jueves 25 de julio de 2024, en la Finca San Julián del fraccionamiento campestre Huertos del Pedregal, en Culiacán, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y agentes de la DEA, secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada y lo llevaron al aeropuerto de Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas, de donde fue remitido para ser juzgado al Distrito Este de Nueva York (Brooklyn). En el lugar del secuestro fue asesinado, entre otros, Héctor Melesio Cuén. La Fiscalía estatal pretendió encubrir el crimen como si hubiese sido un asalto letal, pero pronto, por una carta pública de Zambada, del 10 de agosto de 2024, se supo que fue un “montaje”.
Rocha fue inodado por el capo, que se llamó estafado y reveló que se le citó a esa reunión con el señuelo de que estaría Rocha para tratar el conflicto de la UAS, donde el capo tenía mando bajo la sombra. Tanto Cuén como el Mayo cayeron redonditos en la trampa que les tendieron, quizá con la anuencia de la Presidencia de la República.
Ante el escándalo, Rocha argumentó que había viajado ese día a Estados Unidos, pero nunca lo comprobó fehacientemente. La Fiscalía General de la República atrajo el expediente, sin abrirle carpeta de investigación a Rocha. A partir de ese affaire se desató una guerra sangrienta entre el grupo de “Los Chapitos” y el hijo del Mayo Zambada, intensificándose la violencia en el estado que, de acuerdo a Adrián López Ortiz, director de Noroeste, del 9 de septiembre de 2024 al 4 de mayo de 2026, se refleja en 2 mil 188 homicidios dolosos, 3 mil 821 desapariciones, 10 mil 938 autos robados y 3 mil 531 detenidos.
A medida que la violencia se recrudecía, los medios nacionales e internacionales pusieron el ojo en Rocha; se especulaba con su posible renuncia, pero pudo continuar en el cargo gracias al control corporativo que fue logrando Morena en más de siete años de Gobierno y “engallado” intentó dejar como sucesor a su pariente Enrique Inzunza o a su ahijado Juan de Dios Gámez que están en la lista para ser extraditados.
Los operadores de las alianzas de Morena con el narco gozaron de impunidad hasta que llegó Donald Trump en su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos en enero de 2025 y “mando a parar”*. Declaró a los cárteles como grupos terroristas y a sus aliados como objetivo de la justicia estadounidense. Desde ese momento, la suerte de Rocha estaba echada, tarde o temprano irían tras él, lo que ocurrió el 28 de abril de 2026, que lo obligó a separarse del cargo, al igual que Juan de Dios Gámez, Alcalde de Culiacán.
La Presidenta Claudia Sheinbaum trata hasta hoy el caso como un asunto de Estado. Se ha negado a obsequiar las detenciones solicitadas con propósitos de extradición de Rocha y los nueve señalados, y Morena y el statu quo cierran filas con ellos considerándolos chivos expiatorios del intervencionismo gringo, ensayando un conjunto de argucias legales y políticas que tensarán gravosamente la relación de México con Estados Unidos. Al margen del desenlace que tenga el conflicto, el grupo de Rocha está periclitando aceleradamente en la historia sinaloense y junto al líder, decenas, o quizá cientos de carreras políticas irán al “basurero de la historia” de Sinaloa.
Muchos de sus recientes compañeros de viaje brincan por la borda como las ratas cuando se hunde el barco. En la UAS, Rocha no dejó a su grupo en el poder porque nunca tuvo un proyecto universitario; fue un Rector incrementalista moderado de la estrategia de universidad crítica, pergeñada en los rectorados de Eduardo Franco (1977-1981) y Jorge Medina Viedas (1981-1985). Gobernó con un pragmatismo excesivo, que se apegaba a la normatividad sólo cuando le convenía, pero fue un buen Rector a secas.
Los graves conflictos que provocó los superó por un clima de impunidad que le permitía la autonomía de la UAS y la política de no intervención que tenían los gobiernos priistas frente a la institución, después del gran fracaso que tuvieron en 1966-1973 al intentar ceñirla a sus dictados. Asimismo, esos conflictos fueron subsumidos en un ambiente de mayor pluralidad interna que creaba pesos y contrapesos efectivos. Al salir de Rector quedó proscrito y el rochismo desapareció en la UAS.
Pero esa cultura de golpeteo político la retomó como Mandatario estatal y fue un factor determinante de su ruina. Al asumir la gubernatura en diciembre de 2021 las luces brillaban en su horizonte; por su gran votación de 56.6 por ciento del total (al margen del apoyo recibido del Cártel de Sinaloa), una amplia experiencia política, administrativa, académica e intelectual, pero sobre todo por el abierto apoyo del Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente carecía de un proyecto específico para los grandes retos de Sinaloa, que vivía desde hace más de dos décadas un grave atraso económico.
Simplemente se concretó a “aterrizar la 4T en Sinaloa”, es decir, impulsar los programas sociales y realizar lo poco con lo que quedara de presupuesto. Soslayó que Sinaloa estaba urgido de salir de un atraso económico que no le permitía, por ejemplo, superar los niveles de hace tres décadas de la participación de Sinaloa en el PIB nacional de 2.1 por ciento.
En lugar de un robusto proyecto de Gobierno con vistas a futuro, se abocó a colocar a sus incondicionales, parientes y amigos en el Congreso local, Presidencias Municipales, dependencias gubernamentales, el Poder Judicial, las Policías, al margen de perfiles idóneos. Habilitó a sus hijos, junto con Enrique Inzunza, como los principales operadores y lobistas de la política estatal. Tornó más mediocre de lo que era la gestión pública de Sinaloa. Además, la mayor parte de los sectores productivos de Sinaloa, con excepción del turismo en Mazatlán, resultaron dañados por el clima de inseguridad y violencia que sentó sus reales en la entidad. En este contexto irrumpe la embestida de Trump.
Es probable que en 2027 Morena gane la gubernatura, mayoría en el Congreso y en los principales municipios, pues la Oposición esta diezmada, pero otros grupos y liderazgos del bloque en el poder relevarán irremediablemente al rochismo que quedará con una marca de fracaso y corrupción.
Rocha deja a un Sinaloa peor de como lo recibió. Su infortunio será una delicia para los historiadores tradicionales que gustan de relatos anecdóticos de escándalos y tragedias de los personajes famosos. Pasará a los anales de la historia local como uno de los tres Gobernadores que no terminaron su gestión desde la segunda posguerra, junto a Rodolfo T. Loaiza (1941-1944) y Enrique Pérez Arce (1951-1952). Pero lo más lamentable es que él y Héctor Melesio Cuén, también Rector de la UAS (2005-2009), aparecerán como personajes patéticos, aventureros, que persiguieron el poder a toda costa y mostraron que estaba envenenada la placenta política de una UAS aparentemente democrática de donde emergieron. Dejan tras de sí, una estela de oprobio.
Su presunta conversión en socio del Cártel de Sinaloa patentiza una descomposición moral, en un contexto descivilizatorio de Sinaloa que, de acuerdo a Norbert Elías, ocurre cuando los mecanismos institucionales del control social se quebrantan y la psicología de autocontrol personal se rompe. Por ello, individuos como Rocha terminan rompiendo límites morales, porque se sienten impunes y naturalizan realizar actos de maldad. Hemos visto aquí, que su experiencia como político universitario fue un condicionante de su metamorfosis, de luchador de izquierda a narcopolítico a las órdenes de AMLO.
Los ensayos académicos que en el futuro se publiquen sobre este tiempo sinaloense, tendrán como palabras clave algunas de éstas: México, Sinaloa, Morena, UAS, cárteles, capos, narcopolítica, corrupción, nepotismo, impunidad, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, trumpismo, y otras similares.
DINAMISMO FRENADO
La Administración del hoy Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, sumió a Sinaloa en una crisis de violencia que ha impactado prácticamente todos los rubros de la economía local.
En los últimos años, el estado ha registrado caídas en materia de inversión y empleo, ha sufrido el cierre de empresas y hoy se encuentra en la mira de calificadoras, lo que podría endurecer las condiciones de crédito.
En 2021, cuando el morenista llegó al Gobierno local, Sinaloa registraba 556 homicidios dolosos, pero en los siguientes años, la cifra aumentó sistemáticamente hasta llegar a mil 355 en 2025, es decir, 3.7 diarios, un incremento de más de 143 por ciento.
Los secuestros se dispararon 120 por ciento en el mismo periodo, los robos en más del 54 por ciento y las extorsiones en más del 70 por ciento.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra alcanzada por el Gobierno de Rocha Moya en homicidios dolosos es la más alta registrada en la entidad en la última década.
Además, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el inicio de su Administración, el 1 de noviembre de 2021, hasta el día que pidió licencia al cargo, el 1 de mayo pasado, en el estado se registraron 2 mil 467 desapariciones, un promedio de 1.5 diarias.
La crisis de violencia que padece la entidad la ha llevado a registrar descensos en prácticamente todos sus indicadores económicos.
En 2019, con un 2.3 por ciento, el Inegi ubicó a Sinaloa entre los estados que reportaban el mayor crecimiento económico, junto con entidades como Tlaxcala, Colima, Baja California, Durango y Nuevo León.
Según el Instituto, el crecimiento del PIB local ese año fue incluso superior a la media nacional, de apenas 0.1 por ciento.
Luego de que en 2020, el PIB de Sinaloa tuvo una caída del 7 por ciento, los siguientes tres años fueron de recuperación, pero a partir de 2023, el crecimiento de la entidades comenzó a presentar dificultades.
Ese año, el crecimiento local fue de apenas 0.2 por ciento, para el siguiente año cayó 0.5 por ciento y para el tercer trimestre de 2025 volvió a contraerse 0.5 por ciento.
Aunque al cierre de 2025, el estado registró un crecimiento de 12.3 por ciento, especialistas advierten que esta cifra se debe a que la economía sinaloense tiene un marcado comportamiento estacional, de ahí que la cifra podría ser una ilusión.
En materia de empleo, en los primeros tres años de la Administración de Rocha Moya se incrementaron las plazas laborales, al pasar de 586 mil a 607 mil empleos registrados ante el IMSS entre 2021 y 2023. Pero desde ese momento y hasta marzo de 2026, la entidad había perdido 12 mil 699 empleos formales, resultado del impacto de la violencia y la inseguridad en diversos sectores de la entidad.
El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) indica que, en 2025, 14 de los 18 municipios del estado registraron un desplome en la generación de empleos, entre ellos Culiacán, Badiraguato, Sinaloa, Navolato, Mazatlán y Guasave. Y es que según fuentes oficiales, entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025, en la entidad se han perdido más de 2 mil empresas, como consecuencia del comportamiento negativo en todas las actividades económicas de la entidad, principalmente el sector comercio y servicios.
De acuerdo con el Codesin, en el periodo mencionado, la entidad perdió 2 mil 324 patrones, de ellos, mil 676, es decir, más del 72 por ciento, pertenecían a este sector. En cerca del 75 por ciento de los casos, se trataba de microempresas, 23.6 por ciento eran pequeñas empresas y el 2 por ciento medianas empresas, mientras que sólo el 0.4 por ciento eran grandes empresas.
La situación de Sinaloa también ha impactado negativamente la Inversión Extranjera Directa (IED), que a partir de 2022 presenta una caída sostenida. Datos de la Secretaría de Economía indican que la IED para Sinaloa ascendió a cerca de 977 millones de dólares en 2022 y para el año siguiente cayó a 415.5 millones de dólares, lo que implicó una reducción de 52 por ciento.
En 2024, volvió a descender en un 24 por ciento, para colocarse en 316 millones de dólares, pero para 2025, la cifra fue de sólo 20.8 millones de dólares, equivalente a una caída de 93.4 por ciento.
En Sinaloa lo que sí ha crecido es la deuda del Gobierno local, que pasó de 4 mil 631 millones de pesos en 2021 a 7 mil 546 millones en 2025, a esa cifra se suman los 593 millones de pesos que adeudan los municipios del estado y los 94 millones que adeudan los organismos municipales.
En las últimas semanas, luego de que Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya y nueve funcionarios más por narcotráfico y conspiración con el Cártel de Sinaloa, dos calificadoras han encendido las alertas sobre las finanzas del estado.
La calificadora S&P Global Ratings colocó la calificación crediticia del estado en Revisión Especial negativa, con lo que abrió la puerta a una posible baja en su nota en el corto plazo. Moody’s´s también modificó la perspectiva crediticia del estado de estable a negativa, al considerar que existe un incremento en el riesgo de acceso a fuentes de financiamiento, particularmente financiamiento bancario de corto plazo.
“El cambio de la perspectiva a negativa desde estable en la calificación de Sinaloa refleja la evaluación de Moody’s Local México sobre un incremento en el riesgo de acceso a fuentes de financiamiento -en particular, crédito bancario de corto plazo- tras la revelación pública de una acusación formal presentada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos (Distrito Sur de Nueva York) contra diversos funcionarios del estado, entre los que se menciona al Gobernador con licencia por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas”, explicó en un comunicado.
AL ALZA, LOS DELITOS
Las investigaciones federales por delitos cometidos por servidores públicos en Sinaloa mantienen una tendencia al alza en los últimos años, en medio de la crisis de violencia, disputas criminales y presión política que enfrenta la entidad.
Datos del reporte de incidencia delictiva federal de la Fiscalía General de la República (FGR) muestran que las carpetas relacionadas con funcionarios pasaron de 36 casos en 2023 a 52 en 2024 y posteriormente a 69 investigaciones durante 2025.
La comparación refleja un aumento de 91.7 por ciento entre 2023 y 2025. El incremento ocurre en paralelo al deterioro de seguridad en Sinaloa, marcado por la confrontación interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, el reforzamiento de operativos federales y las tensiones políticas generadas por señalamientos e investigaciones relacionadas con mandos y funcionarios de seguridad.
Sólo entre enero y marzo de 2026, la entidad acumuló 19 carpetas federales por delitos cometidos por servidores públicos. Aunque el volumen aún se mantiene por debajo del total anual de 2025, el ritmo diario de investigaciones muestra una ligera alza.
Mientras en 2025 Sinaloa promedió 0.18 carpetas diarias en ese rubro, durante el primer trimestre de 2026 el promedio subió a 0.21 casos diarios. Eso representa un incremento de 11.7 por ciento en el ritmo diario de apertura de investigaciones contra funcionarios.
El comportamiento forma parte de un aumento más amplio en algunos delitos federales estratégicos en Sinaloa. Por ejemplo, las investigaciones relacionadas con armas de fuego y explosivos crecieron de 304 casos en 2023 a 550 en 2024 y posteriormente se dispararon a mil 916 carpetas durante 2025.
En delitos contra la salud, Sinaloa pasó de 612 carpetas en 2023 a 684 en 2024 y 758 en 2025, mientras que sólo entre enero y marzo de 2026 ya acumula 198 investigaciones federales. Ese arranque equivale a un ritmo de 66 carpetas por mes, por encima del promedio mensual de 63 registrado durante 2025, lo que apunta a un repunte sostenido en casos vinculados con narcóticos.
El incremento también se observa al proyectar el primer trimestre de 2026: de mantenerse esa tendencia, el año podría cerrar con alrededor de 790 a 800 carpetas por delitos contra la salud, superando el nivel de 758 registrado en todo 2025.
Este comportamiento, aseguran fuentes, está ligado a operativos federales, aseguramientos, destrucción de laboratorios y detenciones, en un contexto de mayor presión sobre Sinaloa por el tráfico de drogas sintéticas.
Así, el alza en narcóticos se suma al aumento en delitos cometidos por servidores públicos y refuerza el diagnóstico de un deterioro en el frente federal. No sólo crece la violencia, también se incrementan las investigaciones por actividades ligadas al negocio de las drogas, en una entidad que sigue siendo clave para la producción y trasiego.
En delitos contra la integridad corporal, la entidad pasó de 30 investigaciones en 2023 a 35 en 2024 y posteriormente a 63 casos en 2025. Sólo entre enero y marzo de 2026 ya acumulaba 30 carpetas federales en ese rubro.
También los delitos patrimoniales federales mostraron presión sostenida al pasar de 288 casos en 2023 a 289 en 2024 y posteriormente a 347 investigaciones en 2025. Entre enero y marzo de este año la entidad acumulaba ya 83 carpetas.
QUITÓ ‘OBSTÁCULOS’ A SUS ALFILES
Desde que llegó a la gubernatura de Sinaloa, en el 2021, Rubén Rocha Moya se dedicó a construir las candidaturas de sus posibles sucesores: el senador Enrique Inzunza y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Ambos también están acusados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
No importó cuánto costara quitar los obstáculos. Los propios morenistas lo acusan de fabricarles delitos e incluso cuestionan si está detrás de algunos asesinatos de políticos.
El 25 de julio del 2024, en circunstancias sospechosas, asesinaron a Héctor Melesio Cuén Ojeda, el principal adversario político de Rocha. Justo el mismo día, el hijo de “El Chapo”, Joaquín Guzmán López, secuestraba a Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada. A partir de entonces, no sólo la violencia se intensificó, también el ataque contra políticos rivales de Rocha Moya.
Sus baterías se enfocaron a Gerardo Vargas Landeros, Alcalde de Ahome, cuya aspiración al 2027 crecía cada vez más.
El 25 de abril del 2025, la Fiscalía de Sinaloa pidió al Congreso local desaforarlo ante la acusación de presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la ahora Gobernadora suplente, Yeraldine Bonilla, tramitó la petición, y, en un proceso exprés, que duró seis días, fue desaforado.
“Este proceso no tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con el miedo, miedo al liderazgo que ha crecido desde abajo, con la fuerza del pueblo”, afirmó el Edil refiriéndose al grupo del Gobernador.
Esa distracción orilló a que la Secretaría de Gobernación enviara a uno de sus funcionarios, esa misma semana, para “aplacarlo”, y recordarle que la entidad se le “desmoronaba” en manos del crimen. Empoderado, el Mandatario estatal mantuvo su enfrentamiento con liderazgos morenistas.
El proceso contra Vargas Landeros no se ha cerrado, por lo que sigue inmovilizado políticamente. Apenas en marzo, la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso con el que buscaba volver a la Alcaldía.
Rocha Moya utilizó la misma estrategia con otros Presidentes Municipales para quitarlos del camino, acusarlos de “desempeño irregular de la función pública”.
En junio del 2022, el Mandatario estatal logró el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, quien en el 2021 fue reelecto. Se le acusó de anomalías en el arrendamiento de 40 camiones para recolectar basura. La imputación tampoco procedió, el morenista se fue al PT y acusó a Rocha de “persecución política”. Casualmente, su lugar fue ocupado por el “ahijado” y alfil del Gobernador, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien en el 2024 fue reelecto.
A finales del 2022, aplicó lo mismo con Juan Guillermo Benítez Torres, conocido como “El Químico”, entonces Alcalde de Mazatlán, quien, en entrevista con REFORMA, acusa que fue presionado por el Gobernador para que renunciara al cargo, ante acusaciones de violencia de género y desvío de recursos.
“El Gobernador me dijo: ‘mira, Químico, si no firmas tu renuncia, ya sabes lo que te puede pasar. Tú sabes de dónde soy (Badiraguato, tierra del Chapo). Yo lo entendí muy bien, renuncié”, relata.
Aceptó el ofrecimiento de encabezar la Secretaría de Turismo, cargo en el que estuvo unos meses, pues, como temía, el Mandatario estatal le tenía preparada otra trampa: su desafuero por presuntas irregularidades en la compra de luminarias, por 400 millones de pesos, por lo que le pidió la renuncia.
Tampoco procedió la acusación. Se retiró de la escena pública. Se mantuvo en Morena, enfocado en sus negocios, y, asegura, creó una estructura de morenistas paralela a la red gubernamental.
En Turismo, el Gobernador nombró a Estrella Palacios Domínguez, a quien después la impulsó para ser Alcaldesa de Mazatlán, y, ahora, aseguran morenistas, es la tercera opción de Rocha para que compita por la gubernatura.
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